En 1987, México atravesaba por una depresión de salario mínimo, afectando a la ciudadanía por medio de las Instituciones Gubernamentales, tal y como paso en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que desde entonces perdió el 75% de su poder adquisitivo.

De manera inexplicable, se entregaron créditos que, pese a que los derechohabientes llevaban a cabo sus pagos en tiempo y forma, los créditos seguían subiendo, convirtiéndolo en créditos impagables, lo que provocó que la cartera del Infonavit tenga 4 millones impagables.

Además, de que en los últimos diez años no se habían construido vivienda para los trabajadores de menores ingresos, por lo que hasta hace unos meses aun existían 7.3 millones de derechohabientes que pese a poder acceder a un crédito, no podían encontrar una vivienda acorde a sus capacidades económicas.

Pese a que a inicios del 2018 se llevaron a cabo acciones en beneficio de la derechohabiencia del Infonavit, el actual director general de esta institución, Octavio Oropeza, ha llevado a cabo grandes cambios.

Se planteó una ley que, tras varios meses de diálogo y modificaciones en diversas Cámaras, en febrero de este año se aprobó finalmente, en la que contempla un sistema de vivienda con orientación social que se amplia en tres vertientes: crédito barato y suficiente, para que derechohabientes que ganen menos de dos salarios mínimos puedan acceder a estas viviendas; Desarrollo de vivienda, el Infonavit tiene la posibilidad de comprar terrenos, recibirlos en donación y construir vivienda; así como el Arrendamiento social con opción a compra, para que los trabajadores puedan rentar sin exceder el pago del 30% de su salario para que tengan acceso a una vivienda adecuada.

En materia de construcción de vivienda, el Instituto lleva a cabo proyectos de desarrollo inmobiliario para los trabajadores que menos ganan y que históricamente no han tenido acceso a una vivienda barata y suficiente.

De acuerdo con datos estadísticos, actualmente existen 7.3 millones de derechohabientes con ingresos de menos de dos salarios mínimos, que tienen derecho a un crédito para adquirir una vivienda de interés social, sin embargo, hasta hace unos meses, aun no existían estas casas en el mercado.

Con la constructora de vivienda, se reduce el tiempo y costo de construcción mediante la compra consolidada de los principales materiales, se le da prioridad a la mano de obra de los estados a través de la subcontratación de empresas locales coadyubando el crecimiento de regional; además de que las viviendas están contempladas para construirse en centros de desarrollo urbano y contaran con todos los servicios, erradicando la exclusión y discriminación.

Cabe destacar que el actual director denunció públicamente a la empresa TELRA REALTY, luego de que, en 2014, el instituto de vivienda contrató a la empresa por 100 millones de pesos para el diseño y operación de una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambaban el lugar en el que residían.

Este contrato no fue cumplido y el Infonavit no penalizo a la empresa, pero si pagó una indemnización de cinco mil millones de pesos.

Expuso, además, a una presunta red delictiva en la que participaban trabajadores del instituto, así como, notarios, peritos valuadores, despachos y contralores, en donde había créditos duplicados para un mismo inmueble, lo que sugería que de esta forma estafaban a las personas. También se descubrió que miles de derechohabientes perdieron su casa mediante juicios masivos.

Actualmente el Infonavit ha congelado 166 mil créditos otorgados durante el periodo neoliberal; de los cuales 26 mil 087 derechohabientes ya recibieron beneficios, incluyendo la disminución de taza de interés y quitas de saldo.

Adicionalmente, se han entregado 879 créditos por un monto de 65 millones de pesos para la remodelación de vivienda e iniciaron un programa de liberación de hipotecas que ha beneficiado a 7 mil 360 familia que ya habían pagado sus créditos pero que no contaban con certeza jurídica.

Estas acciones no solo reducen el endeudamiento de los trabajadores y da acceso a una vivienda digna, sino que otorgan a los trabajadores que enfrentan dificultades económicas, incluso dan la posibilidad de acceder a prorrogas en el pago del crédito, sin generar intereses adicionales a los derechohabientes que pierdan su empleo.

Con estas políticas públicas se garantiza la construcción de equidad y oportunidades reales para todos.