
A más de dos semanas de la desaparición forzada de 10 mineros en el municipio de Concordia, Sinaloa, se han identificado sin vida a cuatro de las víctimas en las inmediaciones del poblado de El Verde.
A través de información proporcionada por autoridades oficiales, se notificó la desaparición de 10 mineros que se encontraban en labores bajo la coordinación de la empresa canadiense Vizsla Silver, quienes fueron víctimas de presunta desaparición forzada supuestamente a manos de una célula delictiva vinculada al cártel de Sinaloa.
La Presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina del 9 de enero, indicó que gracias a la detención de personas involucradas con el crímen las investigaciones comenzaron a esclarecer. No obstante, entre los hallazgos documentados hasta el día de hoy, cuatro de las víctimas fueron encontradas sin vida en una fosa clandestina en la Comunidad de El Verde, el pasado 6 de febrero
Según información de “La Jornada” la esposa del primer minero identificado, ha declarado que la búsqueda por estabilidad económica fue la principal motivación de la víctima para su traslado a la región donde se llevaron a cabo los hechos, aún sabiendo que Sinaloa es una de las entidades más afectadas por la violencia.
Sobre esta misma línea, se plantea una premisa con precedentes, en donde profesionales certificados, como personas obreras, buscan un plan de vida pleno a través de oportunidades que, a pesar de los escenarios de violencia, resultan viables para la subsistencia de ellos y sus familias.
Por otro lado, Sinaloa se consolida como uno de los estados de México como uno de los pilares en el desarrollo de la actividad minera. El caso del municipio de Concordia, según estadísticas de la SEMARNAT, es muy particular, ya que es un municipio del que se extraen minerales como Oro, Plata, Plomo y Zinc, no obstante, es la región con mayor cantidad de minas de las cuáles se extraen estos recursos.
Considerando esta información, según un estudio realizado en la Escuela de postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, la minería ilegal es una de las problemáticas que puede tener un alcance en toda latinoamérica. Hay que considerar que estas actividades, narcomenudeo o tráfico ilegal de minerales, suelen ir acompañados de actos violentos que ponen en riesgo la seguridad de las y los ciudadanos.
En este sentido el tráfico ilegal de minerales como el oro, según fuentes como la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) coinciden con el interés del crimen organizado en el manejo ilegal de la minería, especialmente el oro, que es un recurso óptimo para el lavado de dinero, debido a la facilidad de su transporte y característico por un trasiego anónimo y usualmente de difícil rastreo.
Una influencia que se extiende, y se consolida a través de extorsiones a operadores mineros locales y multinacionales a cambio de permitir el trabajo en sus proyectos y concesiones.
Por tanto este escenario se dibuja en un contexto donde el alza de la violencia en Sinaloa se mantiene como una constante, reflejada en resultados proporcionados por la Fiscalía General del Estado al final del año 2025. Sumando un elemento, como el tráfico ilegal de minerales, que resulta preocupante y, probablemente, pasa desapercibido debido a la sombra que ensombrece al país, por el narcotráfico.
No obstante, también refleja, por una parte, el contexto socioeconómico con el que mexicanos y mexicanas deben coexistir en la búsqueda de una mejor vida y oportunidades a pesar de tener conocimiento de los índices de violencia en determinadas regiones. Este es un punto crucial que se lleva replicando y que ha sido uno de las principales aristas en la percepción de inseguridad principalmente en estados con presencia de organizaciones criminales dedicadas al narcomenudeo.