Protestas en favor del derecho a la vivienda llevaron al freno de un proyecto planteado por la ministra María Estela Ríos Gonzales, que hacía valer el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos como un puente para permitir el desalojo forzado.

Dicho artículo fue aprobado en 2019 que según los defensores de derechos humanos, terminaba por ayudar en mayor medida a las inmobiliarias antes que a las personas que eran sujetas al desalojo de sus propiedades.

No obstante lo que generó revuelo entre las y los defensores de estos derechos, fue la posibilidad que se ofrecía a través de la aprobación del artículo 60: la posibilidad de inscribir a programas de vivienda a las personas desalojadas. En este sentido, surge un descontento que señala una justificación para que inmobiliarias continúen a la vanguardia sin considerar a las personas que se ven obligadas a abandonar sus propiedades.

A raíz de este dilema, el pasado 19 de enero, colectivos y organizaciones en contra de estos desalojos, así como de la gentrificación, bloquearon desde las 8:00 am accesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exhortando al diálogo sobre el proceso de este proyecto elaborado por María Estela Ríos.

Durante el diálogo, efectuado al interior del recinto, las y los manifestantes expresaron que el contenido de este proyecto vulnera los derechos humanos de las personas que se enfrentaban a situaciones de desalojo. Un fenómeno social que ha sido notorio especialmente en la capital del país.

Posterior a estas protestas, y sin dar explicaciones claras al momento, María Estela Ríos retiró la propuesta de proyecto, dando pie a un aplazamiento indefinido para su resolución.