Los despojos a viviendas en la Ciudad de México han cobrado relevancia en los últimos meses. Uno de los ejemplos mas sonado es el del predio de República de Cuba número 11 en el Centro Histórico; un recinto construido hace casi 100 años en el que al menos cuatro generaciones habitaron hasta que el pasado 27 de agosto, cuando granaderos uniformados y civiles entraron a este lugar a la fuerza, sorprendiendo a los vecinos y desalojándolos.

Pese a que los vecinos aseguran que los agentes les mostraron una orden, se quejan de no haber sido notificados previamente que tenían que desalojar el lugar, obligándolos a dejar sus casas cuando unos dormían y otros apenas iban a comenzar su día, a las seis de la mañana.

De acuerdo con datos gubernamentales oficiales, los tres tipos de despojo mas comunes son los actos simulados con documentación falsa, acciones violentas con amenazas o uso de la fuerza y el usufructo legitimo del inmueble y de enero a julio de este año, suman 94 detenciones en flagrancia por este delito en el país.

Por ello, este martes, la consejera Jurídica de la Ciudad de México, Eréndira Cruz Villegas, en compañía de la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, detalló la iniciativa que busca reformar el código penal, el código civil, la ley registral para la Ciudad de México y la ley de notariado para la Ciudad de México y de esta manera prevenir el delito de despojo.

“Que pueda tener una mayor certeza jurídica a los propietarios auténticos, la reducción de litigios injustos con carga a probatoria a las que son victimas pareciéndolas como personas sospechosas y sobre todo, desincentivar ese tipo de procesos que han ido suplantando o creando mecanismos de manera irregular”, reafirmó la consejera jurídica.

Por su parte, la jefa de gobierno sostuvo que “cuidar los hogares es cuidar la paz en esta ciudad y la seguridad de las familias, y defender el patrimonio de las familias es defender el bienestar de las personas en esta ciudad”.

La iniciativa propone reformar el articulo 237 del Código Penal para aumentar la pena por este delito con hasta once años de prisión. Además, propone como agravantes con hasta 22 años de prisión cuando participen personas que simulen tener un cargo público; cuando se suplante la identidad del legítimo propietario o poseedor del inmueble o de su representación legal; cuando participe una persona titular de notaría pública en ejercicio o con motivo de sus funciones, o personas que, sin tener carácter de notario, accedan a documentos o datos notariales, en virtud de una relación laboral. También se consideran agravantes cuando el despojo se trate de un predio declarado área natural protegida, o sea, un inmueble propiedad del gobierno capitalino, entre otras.

La Nueva Unidad Operativa Especializada en Despojos proveerá los insumos necesarios para atender los casos, y trabajará de forma coordinada con el gabinete de esta materia, atendiendo casos de la población conforme a un protocolo que se inicia con la recepción de información, la revisión e integración del expediente, y a partir de ello el gabinete determina las acciones a realizar para recuperar los inmuebles.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó a la ciudadanía capitalina que puede solicitar más apoyo a la línea telefónica: 55-5345-8120 o bien llamar a Locatel o al 911.