En mayo del 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un video durante la conferencia de prensa mañanera, en donde se observa la destrucción causada por la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, luego de sobreexplotar bancos de piedra triturada, arena y grava para trasladarlas a Estados Unidos.

Pero esta no es la primera vez que se lleva a cabo esto, ya que hay registro de ecocidios en el país desde hace mas de 35 años en ecosistemas interconectados con el Caribe mexicano.

La controversia de Vulcan Materials Company tiene origen en 1986, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el gobierno de Quintana Roo entregaron a Calica el primer permiso para la explotación de roca caliza por debajo del manto freático en un predio de mil 200 hectáreas, denominado La Rosita.

El proyecto fue autorizado sin determinar un plazo de vigencia ni volumen de explotación específico, es decir, fue un cheque en blanco para extraer material del país.

A fin de expandir las operaciones de su proyecto, en 1996 Calica obtuvo del gobierno de Quintana Roo un nuevo permiso para explotar pieza caliza por encima del manto freático en otros dos predios: El Corchalito y La Adelita, que suman 1,251 hectáreas de superficie.

El 30 de noviembre del 2000, un día antes de culminar la administración de Ernesto Zedillo, el Instituto Nacional de Ecología, dependiente del entonces Semarnap, que encabezaba Julia Carabias, autorizó por 20 años la explotación de roca caliza debajo del manto freático en los mismos predios.

Tras varias visitas de inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en 2017 y 2018, se determinó que la empresa Calica hizo un aprovechamiento de roca caliza mayor al autorizado en superficie y temporalidad, por lo que se le impuso una clausura y sanciones administrativas.

Pero… ¿Por qué si esto sucedía desde hace años, nunca se puso un alto? La respuesta está en los sexenios anteriores al 2018 que permitían esta actividad que representaba un riesgo debido al hundimiento y fracturas del subsuelo, además una gran cantidad de petróleo extraído y daños casi irreparables. Afectando a los ríos subterráneas y manglares que sirven como refugio y zona de desove de diversas especies.

Pese a que el entonces jefe del ejecutivo federal hizo un llamado a las autoridades estadounidenses a apoyar el freno de esta accion por medio de ambientalistas auténticos, esto no sucedió.

La transnacional presentó un juicio de amparo contra la clausura del área de extracción y de la intención de habilitar una administración portuaria en el terreno.

El 3 de enero de 2019 la estadounidense Legacy Vulcan registró su demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, acusando a México de causarle perdidas sustanciales e impedir la operación normal de sus inversiones, además de provocar varias controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio.

En mayo de 2022, la PROFEPA verificó las actividades que esta empresa llevaba a cabo y coloco sellos de clausura en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, de manera definitiva. Acción que continua vigente. 

Pese a que el gobierno en diversos diálogos con la empresa propuso la compra del terreno afectado y las hectáreas de selva, estos la rechazaron. Es importante destacar que esta adquisición tenía el propósito de convertir el territorio dañado en un proyecto ecoturístico. Los terrenos de selva y manglar serían declarados Área Natural Protegida (ANP).

Con estas acciones, la constructora violó el artículo 27 constitucional sobre el dominio directo de los recursos naturales y su explotación. 

Posteriormente, Vulcan Materials acusó a los gobiernos de México, de Quintana Roo y de Playa del Carmen de afectar sus inversiones al cambiar el uso de suelo de los predios que tiene en propiedad, lo cual impide continuar la extracción de material pétreo. Por todo ello, la compañía estadounidense reclama una compensación por más de mil 500 millones de dólares.

Sin embargo, pese a que Calica se resiste a la reparación del daño ambiental que ha causado, esta semana un Tribunal Federal en la Ciudad de México, ordenó a la minera Calizas Industriales del Carmen S.A de C.V, restaurar una zona de Quintana Roo dedicada a la extracción de minerales para la construcción, generando un precedente nacional contra las empresas que cometen ecocidio en ANP.

Ahora, gracias a la determinación de del vigésimo tercer Tribunal Colegiado en Materia administrativa del primer circuito, la minera está obligada a restaurar, reforestar y crear corredores de fauna silvestre, todo ello bajo la supervisión de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Pese a que desde el sexenio de Miguel De la Madrid se autorizó este ecocidio (1996) fue hasta el sexenio de AMLO que se planteo por primera vez, ponerle fin a la minería en Playa del Carmen.

Pese a que la empresa se negaba a seguir minando, esto no fue posible además que sus argumentos eran insostenibles frente a la ley de nuestro país.

Ahora, con la decisión del Tribunal, se busca proteger los mantos friáticos, la selva y la vida silvestre que habita el lugar, tal como los jaguares, los monos, los murciélagos y más.